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Por: Dr. Jonathan Mora |
Los ahora llamados centros médicos, hospitales o clínicas, antes conocidos como auspicios, sanatorios, nosocomios, entre otros nombres, fueron concebidos inicialmente como lugares donde la gente era enviada a morir tranquila, lejos de procurar su recuperación o sanación. Con el paso del tiempo y los avances médicos, diagnósticos y farmacológicos, estos objetivos evolucionaron, llegando a la actualidad, donde incluso se habla de telemedicina, implementando evaluaciones y tratamientos a distancia.
Estos centros reciben a la población de forma constante, a todas horas, lo que genera una alta demanda de servicios en diferentes niveles de atención. Sin embargo, no están exentos de conflictos sociales, muchas veces expresados de manera violenta y desproporcionada, en menor o mayor escala.
Se considera violencia hospitalaria, o más específicamente violencia en el lugar de trabajo, cualquier acto que va desde el lenguaje ofensivo o amenazador hasta el homicidio. El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) define la violencia en el lugar de trabajo como actos violentos, incluyendo agresiones físicas y amenazas, dirigidos a las personas que trabajan o están de turno.
Las estadísticas son alarmantes. Solo en 2023, la OMS reportó 1,520 ataques contra la atención de salud, causando al menos 1,250 heridos y 750 muertes, entre pacientes y trabajadores de la salud. Algunos de los afectados pertenecían a la misma OMS. En lo que va de 2024, se han registrado más de 700 atentados. Estas cifras, aunque impactantes, probablemente no reflejan la magnitud real del problema.
Cada país tiene estadísticas distintas debido a factores psicosociales y económicos, además de la falta de registros adecuados en muchos casos. Gran parte de las mediciones se basan en reportes noticiosos o quejas en redes sociales, lo que dificulta visualizar el problema de manera objetiva y, aún más, diseñar soluciones basadas en datos medibles.
En la República Dominicana, no existe un registro nacional de incidentes de violencia hospitalaria. Sin embargo, una revisión de la prensa evidencia una alta incidencia de respuestas violentas por parte de usuarios, familiares y pacientes. Las áreas más afectadas suelen ser las de triage y emergencias, consultorios médicos, salas de espera, unidades de internamiento y zonas de intervención en crisis de salud mental.
La Constitución de la OMS afirma que la salud de todos los pueblos es un requisito básico para lograr la paz y la seguridad, lo que requiere la cooperación amplia de individuos y Estados. Sin embargo, esta realidad afecta a millones de personas que enfrentan conflictos mientras necesitan asistencia médica, incluidos los profesionales de la salud y otros trabajadores humanitarios.
Existen medidas inmediatas, económicas y de poca inversión tecnológica, que podrían ser efectivas a corto y mediano plazo. Estas medidas permitirían generar estadísticas para la toma de decisiones y reducir la incidencia de altercados. Entre estas propuestas destacan:
- Creación de un registro nacional de agresiones e incidentes hospitalarios.
- Instalación de cámaras de vigilancia con audio y video en áreas críticas.
- Entrenamiento del personal de seguridad hospitalaria en manejo y resolución de conflictos.
- Refuerzo de la cantidad de personal en los centros y asignación de recursos en lugares sin cobertura, como los centros de primer nivel.
Este esfuerzo debe partir de políticas públicas enfocadas en proteger la asistencia médica, garantizando su oportunidad y equidad. Se requiere un esfuerzo bilateral que fomente la mediación y la reducción de hechos violentos, con mayor tolerancia y compasión por parte del personal médico hacia pacientes y familiares. Del mismo modo, los usuarios deben aumentar su empatía y respeto hacia los trabajadores de la salud, quienes se esfuerzan por brindar un servicio justo y cercano.
